En el
organigrama de la sociedad figura como presidente el actual Secretario de
Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra
Inaraja
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) depende
funcionalmente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aunque el 100% de su capital está en manos de
Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda.
En el organigrama que aparece en la página web de la sociedad estatal
figura como presidente de la misma el actual secretario de Estado de Medio
Ambiente, Pablo
Saavedra Inaraja, mientras que como
'número 2' aparece Liana Ardiles
López, directora general del Agua. El siguiente en el
escalafón es el director general de la compañía. Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado por el juez Eloy Velasco este miércoles y al que el Gobierno se apresuró a cesar 24 horas después de que estallase el escándalo y fuera detenido.
En el Consejo de Administración de Acuamed vuelven a figurar Pablo Saavedra y
Liana Ardiles. El primero, como presidente. La segunda, como vocal. Este cargo también lo ocupan otros
responsables de Agricultura, como Carlos Muñoz
Bellido, subdirector general de Programación Económica del
Ministerio; Daniel Sanz
Jiménez, perteneciente a la Dirección General del Agua, e Isabel Bonelli, abogada del Estado destinada
en el departamento de García Tejerina, que actúa como secretaria del consejo.
Junto a ellos se sientan representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Presidencia, así como el
director de la Asesoría jurídica de Acuamed, Juan Alberto
García Cuenca.
Fue
precisamente a este Consejo de Administración a quien se dirigió en la primavera
de 2014 el que entonces era director de Ingeniería de la
compañía pública, Francisco
Valiente, para denunciar las supuestas irregularidades
detectadas después de que sus superiores hicieran oídos sordos a sus quejas.
Para ello, envió el 31 de
marzo de aquel
año un requerimiento notarial a la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, para
darles a conocer las actuaciones ilegales que había detectado. Dicho
documento no fue finalmente recogido por la misma hasta el 2 de abril. La tarde
de ese mismo día, esta abogada del Estado lo elevó al Consejo de Administración
que, presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, finalmente rechazó investigar la denuncia. Poco después, el
empleado fue despedido. Meses después acudía a la Fiscalía Anticorrupción
y presentaba la denuncia que ha dado lugar a la'Operación Frontino'.
Ese empleado
despedido de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.
(Acuamed) alertó al Ministerio en 2014 de las presuntas prácticas irregulares que ahora investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Así lo desveló ayer el
secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Pablo Saavedra -a la sazón
presidente de la firma pública-, tras acordar el consejo de administración el
cese del director general de la empresa, Arcadio Mateo, detenido el lunes.
Tal como publicó ayer ABC la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha detenido a trecer personas -entre
personal de Acuamed y directivos de algunas de las empresas adjudicatarias de
las obras hídricas-, sospecha que Mateo es el máximo responsable del presunto
fraude cometido en la sociedad estatal encargada de promover infraestructuras
hidráulicas en las cuencas del Ebro, Cataluña, Júcar, Segura y Andalucía. De
hecho, el periodo investigado va de 2012 a 2014, bajo la dirección de Mateo.
El presunto fraude,
que se cifra entre 20 y 25 millones de euros -la
sociedad tiene en marcha proyectos por valor de 1.800 millones de euros solo en
la Comunidad Valenciana y Murcia-, se habría cometido al adjudicar
fraudulentamente los contratos y luego manipular las certificaciones de obras
para elevar el valor de los trabajos. Una práctica que contó con la
connivencia, supuestamente, de varios de los directivos de Acuamed y de las
empresas adjudicatarias de dichas obras.
Según explicó ayer
Saavedra, el anterior director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente, trasladó al Ministerio sus
sospechas de presuntas irregularidades en las licitaciones de la sociedad
estatal cuando fue destituido, precisamente, por
Mateo. El hasta ayer director general de Acuamed había sido nombrado en 2012, y
se convirtió en la persona de referencia del exministro Miguel Arias Cañete
para solucionar la «guerra del agua» en las cuencas mediterráneas, donde
Acuamed ha promovido un trasvase y varias desaladoras.
El exdirector
general prescindió de Valiente y nombró como directora de Ingeniería -en la
práctica, su «número dos» en la empresa- a Gabriela Mañueco, que también ha sido detenida por
la Guardia Civil en relación con el presunto fraude. El empleado despedido
denunció entonces las prácticas presuntamente fraudulentas. Sin embargo, según
explicó ayer Saavedra, los servicios jurídicos del Ministerio no apreciaron
irregularidades en las tramitaciones de Acuamed.
Hoy está previsto
que comiencen a declarar ante el juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional, las 35
personas investigadas -entre las que se incluyen los trece detenidos- en
relación con el presunto fraude. Además de al director general y su «número
dos» en Acuamed, y de los delegados territoriales de la empresa en Valencia y
Murcia, la UCO detuvo el lunes a varios directivos de firmas adjudicatarias,
según fuentes del caso.
Entre los detenidos,
así, se cuentan el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el director
de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente
Pelegrini. Acciona es precisamente una de las empresas que más contratos ha
recibido de Acuamed. También está entre los arrestados Manuel Moreno Maestre,
presidente de Pipeline, que ya está siendo investigado por una trama de
facturas falsas en beneficio de Abengoa en Sevilla, según Efe.