La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario de falsedad contable cometido al manipular los cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena.
Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que necesitó una inyección de liquidez de 9.000 millones de euros. Tras ser recapitalizada por el Fondo de Garantía de las entidades financieras, fue vendida con importantes ayudas a Liberbank.En la sentencia también se impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros. El juez de lo Penal José María Vázquez Honrubia absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones. Hernández Moltó fue diputado por el PSOE y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso. Su enfrentamiento con Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, tuvo una gran repercusión en los medios.
El Banco de España cuantificó en 253,8 millones las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad. Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".
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Esta sentencia contra Hernández Moltó se suma a otras anciones que el Banco de España impuso en su momento y cierra los procesos judiciales abiertos entonces.
Hace más de tres años el Banco de España impuso dos sanciones de 15.000 euros a la exalcaldesa de Ciudad Real y expresidenta provincial del PP, Rosa Romero, por su gestión en Caja Castilla-La Mancha, donde fue consejera hasta la intervención de la entidad en 2009. Romero fue sancionada por una infracción muy grave por no alcanzar CCM los niveles mínimos de recursos propios que estipula la ley. Por este motivo, le impuso una multa de 8.000 euros. Además, le sancionó con otros 7.000 euros por las deficiencias en los sistemas de control de la caja.
Romero siempre había mantenido la injusticia de las sanciones del Banco de España, ya que entiendía que no tienen la misma responsabilidad los consejeros que dimitieron del consejo alegando "falta de información" que los que permanecieron en él hasta su intervención. La Audiencia Nacional, que es quien dictó aquella sentencia, no tuvo en cuenta sus argumentos.
En el mismo sentido, Carlos Cotillas consideró que las sanciones a los exconsejeros del PP eran "injustas" porque, con la información que tenían "no se podía actuar más que de la forma que se hizo".
Con Romero, fueron cuatro los antiguos miembros del consejo sancionados. El Banco de España también multó al exconsejero nombrado por el PP Emilio Sanz Sánchez, al exvicepresidente de la entidad, Jesús Bárcenas, quien fuera a su vez presidente de Cepyme en la comunidad , y al exvocal del máximo órgano de dirección de CCM, el exalcalde de Tomelloso (Ciudad Real), Carlos Cotillas. Economía expedientó a una veintena de exconsejeros de la entidad tras su intervención.
Previamente, el Banco de España impuso una sanción de 155.000 euros y cinco años de inhabilitación para Juan Pedro Hernández Moltó, ex presidente de la caja, y de 150.000 euros y los mismos años de inhabilitación para el ex director general, Ildefonso Ortega.
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