Todos los "hombres" del Ministerio en el Consejo de Acuamed

En el organigrama de la sociedad figura como presidente el actual Secretario de Estado de Medio Ambiente,  Pablo Saavedra Inaraja

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aunque el 100% de su capital está en manos de Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda. En el organigrama que aparece en la página web de la sociedad estatal figura como presidente de la misma el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inaraja, mientras que como 'número 2' aparece Liana Ardiles López, directora general del Agua. El siguiente en el escalafón es el director general de la compañía. Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado por el juez Eloy Velasco este miércoles y al que el Gobierno se apresuró a cesar 24 horas después de que estallase el escándalo y fuera detenido.

En el Consejo de Administración de Acuamed vuelven a figurar Pablo Saavedra y Liana Ardiles. El primero, como presidente. La segunda, como vocal. Este cargo también lo ocupan otros responsables de Agricultura, como Carlos Muñoz Bellido, subdirector general de Programación Económica del Ministerio; Daniel Sanz Jiménez, perteneciente a la Dirección General del Agua, e Isabel Bonelli, abogada del Estado destinada en el departamento de García Tejerina, que actúa como secretaria del consejo. Junto a ellos se sientan representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Presidencia, así como el director de la Asesoría jurídica de Acuamed, Juan Alberto García Cuenca.

Fue precisamente a este Consejo de Administración a quien se dirigió en la primavera de 2014 el que entonces era director de Ingeniería de la compañía pública, Francisco Valiente, para denunciar las supuestas irregularidades detectadas después de que sus superiores hicieran oídos sordos a sus quejas. Para ello, envió el 31 de marzo de aquel año un requerimiento notarial a la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, para darles a conocer las actuaciones ilegales que había detectado. Dicho documento no fue finalmente recogido por la misma hasta el 2 de abril. La tarde de ese mismo día, esta abogada del Estado lo elevó al Consejo de Administración que, presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, finalmente rechazó investigar la denuncia. Poco después, el empleado fue despedido. Meses después acudía a la Fiscalía Anticorrupción y presentaba la denuncia que ha dado lugar a la'Operación Frontino'. 

Ese empleado despedido de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (Acuamed) alertó al Ministerio en 2014 de las presuntas prácticas irregulares que ahora investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Así lo desveló ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Pablo Saavedra -a la sazón presidente de la firma pública-, tras acordar el consejo de administración el cese del director general de la empresa, Arcadio Mateo, detenido el lunes.

Tal como publicó ayer ABC la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha detenido a trecer personas -entre personal de Acuamed y directivos de algunas de las empresas adjudicatarias de las obras hídricas-, sospecha que Mateo es el máximo responsable del presunto fraude cometido en la sociedad estatal encargada de promover infraestructuras hidráulicas en las cuencas del Ebro, Cataluña, Júcar, Segura y Andalucía. De hecho, el periodo investigado va de 2012 a 2014, bajo la dirección de Mateo.

El presunto fraude, que se cifra entre 20 y 25 millones de euros -la sociedad tiene en marcha proyectos por valor de 1.800 millones de euros solo en la Comunidad Valenciana y Murcia-, se habría cometido al adjudicar fraudulentamente los contratos y luego manipular las certificaciones de obras para elevar el valor de los trabajos. Una práctica que contó con la connivencia, supuestamente, de varios de los directivos de Acuamed y de las empresas adjudicatarias de dichas obras.

Según explicó ayer Saavedra, el anterior director de Ingeniería de Acuamed, Francisco Valiente, trasladó al Ministerio sus sospechas de presuntas irregularidades en las licitaciones de la sociedad estatal cuando fue destituido, precisamente, por Mateo. El hasta ayer director general de Acuamed había sido nombrado en 2012, y se convirtió en la persona de referencia del exministro Miguel Arias Cañete para solucionar la «guerra del agua» en las cuencas mediterráneas, donde Acuamed ha promovido un trasvase y varias desaladoras.

El exdirector general prescindió de Valiente y nombró como directora de Ingeniería -en la práctica, su «número dos» en la empresa- a Gabriela Mañueco, que también ha sido detenida por la Guardia Civil en relación con el presunto fraude. El empleado despedido denunció entonces las prácticas presuntamente fraudulentas. Sin embargo, según explicó ayer Saavedra, los servicios jurídicos del Ministerio no apreciaron irregularidades en las tramitaciones de Acuamed.

Hoy está previsto que comiencen a declarar ante el juez Eloy Velasco, en la Audiencia Nacional, las 35 personas investigadas -entre las que se incluyen los trece detenidos- en relación con el presunto fraude. Además de al director general y su «número dos» en Acuamed, y de los delegados territoriales de la empresa en Valencia y Murcia, la UCO detuvo el lunes a varios directivos de firmas adjudicatarias, según fuentes del caso.

Entre los detenidos, así, se cuentan el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado, y el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini. Acciona es precisamente una de las empresas que más contratos ha recibido de Acuamed. También está entre los arrestados Manuel Moreno Maestre, presidente de Pipeline, que ya está siendo investigado por una trama de facturas falsas en beneficio de Abengoa en Sevilla, según Efe.