Guardia Civil y Policía Nacional le han asestado un “importante” golpe a la delincuencia organiza especializada en los robos en polígonos industriales y viviendas de Castilla-La Mancha (sobre todo en Ciudad Real y Toledo), con la recuperación de objetos por más de tres millones de euros, el arresto de 53 personas de un grupo de al menos setenta miembros (nueve de ellos han ingresado en prisión), y el esclarecimiento de cien robos que podrían ser quinientos, según las primeras estimaciones.
La banda, desmantelada a finales de febrero en una ‘macrooperación’ con 39 registros domiciliarios y la participación de 600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, es lo que se considera un grupo criminal organizado y deslocalizado, como las empresas, y por tando más difícil de perseguir.
Guardia Civil y Policía Nacional le han asestado un “importante” golpe a la delincuencia organiza especializada en los robos en polígonos industriales y viviendas de Castilla-La Mancha (sobre todo en Ciudad Real y Toledo), con la recuperación de objetos por más de tres millones de euros, el arresto de 53 personas de un grupo de al menos setenta miembros (nueve de ellos han ingresado en prisión), y el esclarecimiento de cien robos que podrían ser quinientos, según las primeras estimaciones.
La banda, desmantelada a finales de febrero en una ‘macrooperación’ con 39 registros domiciliarios y la participación de 600 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, es lo que se considera un grupo criminal organizado y deslocalizado, como las empresas, y por tando más difícil de perseguir.
En Manzanares y Ciudad Real
Moreno y la plana mayor de Guardia Civil y Policía Nacional de la región han acompañado al delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, en la rueda de prensa para explicar los detalles de esta operación que ha sido posible por la pericia de agentes de la Guardia Civil de Manzanares y de la Policía Nacional de Ciudad Real.
En los meses de marzo y mayo del año pasado se produjeron de manera pareja una serie de robos. En concreto dos en el polígono industrial de la carretera de Carrión, en Ciudad Real, y otros en Manzanares. Por la forma de actuar, con inhibidores de frecuencia y otra serie de pistas relativas a un vehículo los agentes fueron tirando del hilo e implicando a otros grupos en Castilla-La Mancha y Madrid.
Con esta operación se han esclarecido un total de 108 delitos de robo, 32 de los cuales fueron perpetrados en la provincia de Ciudad Real, 39 en la de Toledo, 10 en la de Madrid, tres en las provincias de Cuenca y Segovia respectivamente, dos en cada una de las provincias de Guadalajara, León, y Burgos, cuatro en la provincia de Valladolid, 10 en la de Palencia y uno en la de Cáceres, aunque se cree el total podría ascender a quinientos.
El grupo, perfectamente estructurado, actuaba por células independientes aunque coordinadas que llegaban a recorrer mil kilómetros en una noche para robar.
Se dividían el territorio en seis "células" operativas
La banda desmantelada operaba por lo que los agentes llaman “células”. Los setenta componentes actuaban vinculados a alguna de las seis operativas en las que se habían dividido el territorio nacional, desde Madrid. A ellas se unía “el equipo directivo” formado por cinco cabecillas responsables de la receptación del material robado y el blanqueo de capitales, mientras que otras personas se encargaban de vender el material en parte en páginas webs.
Desde el primer momentos los agentes que han dirigido la investigación se marcaron como objetivo el líder, “que imponía su autoridad a sus subordinados a través de rígidas normas de conducta, con violencia física y psicológica", explica el Ministerio del Interior en un comunicado.
Las células encargadas de cometer los robos variaban en su composición entre los cuatro y diez integrantes, dependiendo de la zona de actuación.
Por último, un grupo de doce personas se hacía cargo de la distribución de los objetos sustraídos, que se vendían a terceros por receptadores puntuales o empresas recuperadoras de materiales -ubicadas en las localidades madrileñas de Mejorada del Campo, Vicálvaro y Coslada-, y en establecimientos de compraventa de objetos usados.
Por último, un grupo de doce personas se hacía cargo de la distribución de los objetos sustraídos, que se vendían a terceros por receptadores puntuales o empresas recuperadoras de materiales -ubicadas en las localidades madrileñas de Mejorada del Campo, Vicálvaro y Coslada-, y en establecimientos de compraventa de objetos usados.
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