La
Guardia Civil ha detenido a 78
personas, 75 de ellas en la provincia de Ciudad Real, por un supuesto fraude
masivo en las ayudas del Plan Pive. Además, investiga a otras 29 en el marco de
la denominada Operación
Preveo. Supuestamente usaban documentación de vehículos dados de
baja y entregados para su desguace en la tramitación de las subvenciones. En algunos casos, se llegaron a
pagar 400 euros por la compra de la documentación de los coches implicados.
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha confirmado
la detención y puesta en libertad de estas personas, entre ellas compradores a
las que el vendedor del vehículo nuevo ofrecía la posibilidad de transferir a
su nombre un coche que cumpliera con las condiciones establecidas en la
convocatoria vigente del Plan PIVE, para beneficiarse de las ayudas que
ofrecían tanto la Administración como el fabricante del vehículo.
Entre los detenidos se encuentran 44 personas que obtuvieron
ayudas públicas mediante
este sistema y han sido detenidos por sendos delitos de estafa; otras 11 están relacionadas con la
compraventa de vehículos a través de concesionarios y talleres,
a quienes se les imputan también los delitos de estafa y, en algunos casos,
falsificación de documentos.
Además, otras 20 son titulares, gerentes o trabajadores de
gestorías en las que se llevaron a cabo este tipo de hechos, a quienes se les
han imputado los delitos de usurpación de identidad y falsificación de
documentos como medio para cometer el delito de estafa.
Detenidos e investigados
La Solana (15 detenidos y 1 investigado)
Vadepeñas (5 detenidos)
Ciudad Real (9 detenidos y 8 investigados)
Tomelloso (9 detenidos y 3 investigados)
Manzanares (8 detenidos y 2 investigados)
Membrilla (4 detenidos)
Alcazar de San Juan (3 detenidos y 1 investigado)
Fuente el Fresno (2 detenidos)
Bolaños de Calatrava (2 detenidos)
Puertollano (2 detenidos)
Fuenllana (1 detenido)
Almadén (1 detenido)
Carrión de Calatrava (1 detenido)
Pozuelo de Calatrava (1 detenido)
Villarta de San Juan (1 detenido)
Torrenueva (1 investigado)
Pedro Muñoz (1 investigado)
Santa Cruz de Mudela (1 investigado)
Madrid (5 detenidos y 1 investigado)
Córdoba (3 detenidos y 1 investigado)
Lugo (3 detenidos y 2 investigados)
Jaén (1 detenido)
La Carolina (1 detenido)
Rentería (1 detenido y 1 investigado)
Guadalajara (1 investigado)
Gálvez (1 investigado)
Almería (1 investigado)
Una denuncia tras entregar un coche en un
desguace
Las
investigaciones comenzaron en diciembre de 2015 tras la denuncia de un vecino
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) al que le estaban cobrando el
impuesto de vehículos de tracción mecánica por un vehículo que había entregado
para su baja definitiva en un centro de tratamiento de residuos ubicado en La
Solana.
La Guardia Civil descubrió la existencia de anomalías en la
tramitación de la baja de este vehículo, que había sido transferido a una
tercera persona y dado de baja a los tres días de esta transferencia sin que el
denunciante prestara consentimiento alguno y realizó una inspección al
establecimiento.
En el transcurso de esta inspección se descubrieron varias
irregularidades y se
intervino la documentación de más de 350 vehículos entregados en este centro
para su baja definitiva, sospechando que con todos ellos se
hubieran realizado actuaciones similares a las descritas.
Después de un primer análisis de la documentación incautada se
pudo determinar que los documentos de los vehículos entregados para su baja
estaban siendo utilizados para obtener ayudas públicas por la compra de
vehículos nuevos, beneficiándose fraudulentamente del Plan Pive, destinado a la
renovación del parque para reducir las emisiones contaminantes.
Para beneficiarse de esta ayuda, cuyo importe variaba en cada
convocatoria, era necesario dar de baja un vehículo propio con más de diez años
de antigüedad, sin que se exigiera un tiempo mínimo en la titularidad del
vehículo entregado. En
marzo de 2015 cambiaron las bases. Así, en la séptima edición del Plan Pive se
comenzó a exigir que la titularidad en el momento de la entrega hubiera sido de
al menos un año.
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valdepeñas
tomó manifestación individualizada a todos y cada uno de los antiguos
propietarios de los vehículos que aparecían en las 350 documentaciones incautadas
en el desguace, quienes pensaban que habían sido dados de
baja al entregarlos en él.
También cotejó las documentaciones intervenidas en las distintas
jefaturas provinciales de Tráfico que las habían tramitado, descubriendo que
las firmas de los contratos de compraventa y otros documentos necesarios para
realizar la transferencia, sellados por distintas gestorías, habían sido
falsificadas para simular la intervención de la persona que había entregado el
vehículo en el desguace. En el transcurso de la investigación se detectó la
falsificación de la firma de alguna persona ya fallecida
Modus Operandi
El
vendedor del vehículo nuevo ofrecía al comprador la posibilidad de transferir a
su nombre un vehículo que cumpliera con las condiciones establecidas en la
convocatoria vigente del Plan Pive, en el caso de que no dispusiera de ninguno,
para beneficiarse de las ayudas que ofrecían tanto la Administración como el
fabricante del vehículo.
En algunas ocasiones, los concesionarios enviaban a los
compradores al desguace de La Solana para que compraran la documentación de un
vehículo viejo, por las que pagaban cantidades
que oscilaban entre 150 y 400 euros.
Una vez que la documentación necesaria en cada caso obraba en su
poder, el concesionario la remitía a la gestoría con la que trabajaba. En este
lugar se falsificaban las firmas de los contratos de compraventa y los
documentos de transferencia para presentar las documentaciones completas ante
la Jefatura Provincial de Tráfico respectiva, manteniendo la titularidad del
comprador del vehículo nuevo apenas tres días, en los que se tramitaba la
solicitud de las ayudas del Plan Pive. Posteriormente era dado de baja
definitiva.
La Guardia Civil trata de determinar la relación de otras
personas con hechos similares a los descritos, por lo que no se descartan nuevas
detenciones y las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ciudad Real, quedando los detenidos
en libertad.
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